Clara Luz Flores, coordinadora de la Defensa de la Transformación en Nuevo León, presentó dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del Gobernador Samuel García y el Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, por presuntos desvíos de recursos públicos y otros delitos.
Entrevistada frente a las oficinas de la FGR en la Ciudad de México, la morenista dijo que la primera denuncia involucra también a Mariana Rodríguez, esposa del Mandatario estatal; a Samuel Orlando García Mascorro, padre del Gobernador, y a otras personas que pudieran resultar responsables por presunta delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Investigaciones periodísticas han señalado una presunta red de empresas mediante la cual recursos públicos del Gobierno de Nuevo León habrían sido transferidos hasta llegar a un despacho jurídico vinculado con el Gobernador y su entorno familiar”, señaló.
Como parte de los señalamientos, mencionó una denuncia penal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionada con presuntas irregularidades por 7 mil 212 millones de pesos.
También refirió contratos por 110 millones de pesos celebrados por la Administración de García con empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y presuntamente relacionadas con el crimen organizado.
La segunda denuncia, explicó, fue presentada contra el Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y Jovita Morín Flores, ex contralora municipal y militante del PAN, por presunta delincuencia organizada, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias.
“(Delitos) relacionados con su actuar con el caso Next Energy, estamos hablando de una contratación que se contempló con una autorización presupuestal a los 7 mil 370 millones de pesos, son tan iguales que hasta las cifras las ponen iguales”, dijo.
En ambas denuncias solicitó la intervención del SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera y la ASF para reconstruir las operaciones financieras, identificar las cuentas involucradas y conocer a los beneficiarios finales.
Flores sostuvo acusó que ambos políticos habrían utilizado sus cargos para favorecer intereses particulares y comprometer recursos públicos.
Dijo que los recursos públicos no pueden considerarse patrimonio privado por el hecho de transferirse a cuentas de particulares.
En ese sentido, cuestionó la postura que, según señaló, asumió García en su contestación al procedimiento de juicio político ante el Congreso local, donde habría argumentado que los recursos pierden su carácter público una vez que el Gobierno paga a un proveedor privado.
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