La Fiscalía General de la República (FGR) y la periodista Lydia Cacho pidieron a una jueza federal imponer la pena máxima de 12 años de prisión al exgobernador de Puebla Mario Marín Torres, por el delito de tortura cometido en su contra en 2005, es decir, que el proceso de este caso se arrastra desde hace ya 21 años.
La petición se formalizó durante la audiencia de alegatos finales, celebrada este jueves 29 de octubre vía remota en el Juzgado Cuarto de Distrito de Cancún, Quintana Roo, ante la jueza María José Pech Sáenz.
Qué pidió la FGR y cuándo habrá sentencia
La pena máxima que solicitó la Fiscalía responde al artículo 4 de la ley de tortura vigente en Quintana Roo cuando ocurrieron los hechos, que establece una sanción de hasta 12 años de prisión para este delito. Si se le aplica esa condena completa, Marín saldría en libertad a principios de 2033.
La FGR confirmó en sus conclusiones acusatorias que el expolítico debe ser declarado culpable y condenado a esa pena, según informó Pedro Cárdenas, Oficial de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19, organización que acompaña legalmente a la periodista.
Al cierre de la diligencia, la jueza Pech Sáenz anunció que resolverá el fondo del asunto “a la brevedad posible”, en cuanto las cargas de trabajo lo permitan. Dispone de un plazo de hasta 60 días para emitir su fallo, luego de estudiar los 66 tomos que integran la causa penal.
Sin embargo, antes deberá resolverse un amparo promovido por la defensa de Marín, vinculado a su edad y estado de salud, por lo que todavía no existe una fecha definitiva para conocer la resolución.
La audiencia se realizó por videoconferencia: Cacho se conectó desde España, donde reside desde 2019 como víctima de desplazamiento forzado, y Marín lo hizo desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México.
El primer careo entre Cacho y Marín en 21 años
Por primera vez desde que ocurrieron los hechos, Cacho y Marín se vieron las caras, aunque de manera virtual. “Es la primera vez en mi vida que veo de frente al exgobernador Mario Plutarco Marín Torres”, expresó la autora del libro Los demonios del Edén.
Durante su intervención, la periodista recordó la promesa que hizo en 2003 a las víctimas de la red de explotación sexual encabezada por Jean Succar Kuri y Kamel Nacif, y describió su proceso como “una batalla colectiva de un país que está cansado” de que gobernadores usen el aparato del Estado para proteger a grupos de delincuencia organizada.
Cacho exigió además que Marín le pida disculpas públicas a ella y a la sociedad poblana, y anunció que presentará un escrito solicitando la reparación integral del daño. Según la periodista, el exmandatario “ordenó mi castigo, lo celebró y me mandó a dar un coscorrón”.
Los argumentos de la defensa de Marín
La defensa del exgobernador, a cargo de la abogada Pamela Ramírez Cruz, sostuvo que no existen pruebas que acrediten su responsabilidad directa en la orden o ejecución de los actos de tortura durante la detención de la periodista.
Marín, conectado desde el locutorio del penal, leyó su defensa y aseguró que su intervención se limitó a dos llamadas telefónicas relacionadas con la orden de aprehensión y la custodia de la detenida. “No hay prueba material de que ordenara la detención y tortura en contra de la periodista Lydia Cacho”, declaró.
El exmandatario pidió que se respete su presunción de inocencia y solicitó una sentencia absolutoria. Su defensa citó seis argumentos sobre lo que calificó como “invalidez e insuficiencia probatoria” en la causa penal.
Sobre la llamada telefónica con Kamel Nacif, en la que se le escucha decir que ya le mandó a dar un “coscorrón a la pinche vieja”, la defensa aseguró que esa expresión no se refería a la periodista.
La postura del Ministerio Público Federal
El Ministerio Público sostuvo que quedó acreditado que Marín, como gobernador de Puebla y en la cúspide de la estructura de poder estatal, participó como autor mediato a través de sus subordinados en la entonces Policía Judicial de Puebla.
De acuerdo con la Fiscalía, durante el traslado de 20 horas de Cancún a Puebla se ejerció contra la periodista violencia psicológica y moral, amenazas de muerte, suspensión de tratamiento médico, exposición a cambios bruscos de clima y falta de líquidos y alimentos. Ya en Puebla, según el expediente, se permitió que un hombre la empujara, le jalara el cabello y golpeara su cabeza contra la pared.
El Ministerio Público pidió que se aplique perspectiva de género por tratarse de una periodista agredida por ejercer su libertad de expresión, y que se tome en cuenta la condena de 2018 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el Estado mexicano por este caso. También solicitó la suspensión de los derechos civiles y políticos del exmandatario y una amonestación pública.
Antecedentes: el libro, la detención y los años de proceso
El caso se originó con la denuncia del empresario textilero Kamel Nacif contra Cacho por difamación y calumnias, luego de la publicación en 2004 de su libro Los demonios del Edén, que documentó una red de pornografía infantil con sede en Cancún encabezada por Jean Succar Kuri, fallecido en junio de 2024 mientras purgaba su sentencia.
El 16 de diciembre de 2005, agentes detuvieron a Cacho en Cancún y la trasladaron por carretera a Puebla. Marín fue detenido el 3 de febrero de 2021 en Acapulco, Guerrero, tras permanecer prófugo de la justicia durante casi tres años, y actualmente permanece preso en el penal de El Altiplano.
El 11 de abril de 2019, el Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo, a cargo de la magistrada María Elena Suárez, había ordenado la aprehensión de Marín, Nacif y mandos policiacos por el delito de tortura.
Los retrasos del proceso y las reacciones de Artículo 19
La audiencia del 29 de octubre se había pospuesto originalmente el 20 de octubre por una falla técnica en la plataforma Webex, que dejó inhabilitada la cuenta de la defensa de Cacho. Artículo 19 México y Centroamérica manifestó entonces su inconformidad por el nuevo retraso tras 21 años de impunidad en el caso.
Cacho recordó, en una transmisión previa desde España, que su padre falleció el 23 de febrero de 2026 sin conocer una sentencia contra el exgobernador. Tras la audiencia de alegatos finales, Cárdenas, de Artículo 19, señaló: “Es la audiencia final en este caso previo a la sentencia. La jueza dictaminará ahora, esperemos pronto”.
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