Massachusetts: acusan a 11 inmigrantes ilegales y 4 ciudadanos por fraude de beneficios sociales
La investigación federal atribuye pérdidas por más de USD 1,4 millones en programas de asistencia alimentaria, vivienda, salud pública, discapacidad y desempleo
INFOBAE.-El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció que 15 personas fueron acusadas y detenidas en Massachusetts por diversos fraudes a beneficios públicos que superan los USD 1,4 millones. Entre los acusados hay 11 extranjeros en situación migratoria irregular y 4 ciudadanos estadounidenses.
Los cargos abarcan fraude al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), fraude a MassHealth, fraude a beneficios por discapacidad, fraude por desempleo, robo de fondos públicos, fraude de pasaporte, declaraciones falsas y robo de identidad.
El funcionario Colin M. McDonald, asistente del fiscal general de la División Nacional de Ejecución contra el Fraude, afirmó en el comunicado del Departamento de Justicia que estos casos muestran “un patrón más amplio y profundamente preocupante: la explotación del sistema de seguridad social estadounidense por parte de inmigrantes indocumentados”.
La lista de acusados publicada por el organismo
Las autoridades difundieron un listado con los nombres de los acusados, los delitos que se les imputan y los montos involucrados en cada caso. Entre los ciudadanos estadounidenses señalados figura Heriberto Rodríguez, residente en Framingham, Massachusetts, acusado de fraude de pasaporte, robo de identidad y fraude al programa SNAP, con un perjuicio superior a USD 500.000.
Se reveló el nombre de Mirian Chalas, de Salem, New Hampshire, acusada de fraude a MassHealth, al programa SNAP y al Seguro por Discapacidad de la Seguridad Social, con un monto defraudado que ronda los USD 300.000.
La acusación del Departamento de Justicia incluye además a Jennifer Ferran, residente en Haverhill, Massachusetts, a quien se le atribuyen cargos por robo de propiedad gubernamental, fraude al Seguro Social y entrega de información falsa, por más de USD 29.000; en esa misma ciudad, Owen Landry enfrenta cargos similares vinculados a un fraude de monto equivalente.
Entre los inmigrantes en situación irregular mencionados en la causa figuran ciudadanos dominicanos como Santo Escolástico Cuello, de 56 años, imputado por robo de identidad agravado y declaraciones falsas en relación con MassHealth, con una suma de fraude de USD 162.180.
Mario Báez Romero, de 45 años, enfrenta cargos por delitos similares en operaciones que superan los USD 75.000, mientras que Richard Odelis Vallegas Núñez, de 35 años, está acusado por un fraude de USD 48.865.
Otros señalados son Miguel Díaz Matos, de 54 años, con cargos que suman más de USD 60.000; Santo Tejada Sánchez, por USD 4.054; y Yahaira Díaz Gómez, de 45 años, por USD 48.694.
A su vez, se menciona a Mitul Patel, de 40 años, ciudadano indio que reside ilegalmente en Worcester, Massachusetts, acusado de conspiración para cometer fraude de visas. De acuerdo con la acusación, sus cómplices simularon un robo a mano armada en una tienda de conveniencia para permitir que “víctimas” como Patel solicitaran visas U como víctimas de delitos violentos.
El comunicado también identifica a cuatro inmigrantes ilegales como John Doe dado que, según el Departamento de Justicia, vivían bajo identidades robadas y sus nombres verdaderos todavía no se conocen.
A qué penas se enfrentan los acusados
El delito de fraude SNAP por un monto superior a USD 5.000 prevé una condena máxima de 20 años de prisión, 3 años de libertad supervisada y una multa de USD 250.000. En el caso del fraude SNAP por más de USD 100, la pena máxima es de cinco años de cárcel, 3 años de libertad supervisada y una multa de USD 250.000.
El fraude de pasaporte contempla hasta 10 años de prisión, 3 años de libertad supervisada y una multa de USD 250.000. La producción ilegal de un documento de identificación puede castigarse con hasta 15 años de cárcel, 3 años de libertad supervisada y una multa de USD 250.000. La conspiración para cometer fraude de visa prevé hasta 5 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de USD 250.000.
El robo de fondos gubernamentales establece una pena máxima de 10 años de prisión, 3 años de libertad supervisada y una multa de USD 250.000. El fraude al Seguro Social prevé hasta 5 años de cárcel, 3 años de libertad supervisada y una multa de USD 250.000 o el doble de la ganancia o de la pérdida bruta, lo que sea mayor.
El delito de realizar declaraciones falsas a funcionarios federales contempla hasta 5 años de prisión, hasta 3 años de libertad supervisada y una multa de hasta USD 250.000. Las declaraciones falsas vinculadas con un programa de atención médica prevén hasta 5 años de cárcel, 3 años de libertad supervisada y una multa de USD 250.000.
Además, proporcionar información falsa al Seguro Social puede derivar en hasta 5 años de prisión, 3 años de libertad supervisada y una multa de USD 250.000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta, lo que sea mayor.
Por su parte, el robo de identidad agravado conlleva una pena obligatoria de dos años, que debe cumplirse de manera consecutiva a cualquier otra condena, además de 1 año de libertad condicional supervisada y una multa de USD 250.000.
