México evita pago millonario en litigio internacional; el diputado Héctor Serrano rechaza señalamientos y ejerce derecho de réplica.
Héctor Pietrasanta.
El Gobierno de México logró evitar el pago de más de 2 mil millones de dólares tras la resolución de un litigio internacional vinculado a un proyecto de taxímetros digitales en la Ciudad de México, un caso que se arrastraba desde la década pasada y que involucraba a empresas privadas que reclamaban una supuesta pérdida de inversión.
El fallo fue emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que desestimó en su totalidad las reclamaciones de las firmas demandantes, cerrando así un proceso que había puesto en riesgo recursos públicos de gran magnitud.
El origen del conflicto se remonta a una concesión atípica para la implementación de tecnología en taxis durante el gobierno de la capital del país, lo que derivó en una disputa legal internacional. En ese contexto, el nombre del diputado Héctor Serrano Cortés fue mencionado dentro de la narrativa del caso difundida en diversos espacios informativos.
Sin embargo, en la publicación de Pulso —al final del texto original— se incluye la respuesta del legislador, quien ejerció su derecho de réplica para rechazar de manera categórica cualquier vínculo con los promoventes del litigio.
Serrano sostuvo categóricamente que es “falso” haber tenido relación con los involucrados y también negó tajantemente haber otorgado concesiones durante su gestión como servidor público.
Además, el actual coordinador del Partido Verde en el Congreso de San Luis Potosí celebró el fallo del CIADI a favor del Estado mexicano, al considerar que se trató de un intento de obtener recursos públicos de manera indebida. En su posicionamiento, subrayó que en más de 40 años de trayectoria en el servicio público “nunca ha entregado concesión alguna”, deslindándose así de las acusaciones que se le atribuyen en el contexto del caso.
La inclusión de esta respuesta en la misma nota periodística resulta relevante, no solo por el equilibrio informativo, sino porque introduce una versión directa del señalado que matiza el contexto del caso y obliga a leer el episodio bajo una lógica más completa: la de un litigio que finalmente fue resuelto a favor del Estado mexicano, pero que deja en el terreno público versiones encontradas sobre su origen y responsabilidades.
