El Sol.-
Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa negaron que en los autobuses que utilizaron para movilizarse a la Ciudad de México portaran explosivos, como afirman autoridades del gobierno federal. Incluso, señalaron que siempre han sido un movimiento pacífico y que son las autoridades quienes portan las armas.
Isidoro Vicario, representante de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, aseguró que familiares y estudiantes fueron retenidos por más de cinco horas y negó la existencia de dicho material explosivo. Además, apuntó que se trata de una estrategia que utiliza el gobierno federal para frenar las movilizaciones.
“Es una forma de frenar las movilizaciones en la Ciudad de México. ¿Por qué comentamos esto? Porque el día de la agresión contra los maestros, el pasado 1 de junio, también hubo un comunicado de la Secretaría de Seguridad en el que se refirió que los elementos que estaban detrás de la valla no portaban ningún artefacto o arma que pudiera disparar”.
No hubo ninguna autorización de parte de los padres y madres para que ingresaran a los autobuses. Más bien, de manera forzada entraron y subieron a los vehículos; es una forma de intimidar a los padres y madres que venían en esta actividad.
Isidoro Vicario, representante de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.
Actividades de los normalistas de Ayotzinapa en la semana de inauguración del Mundial
Apuntó que permanecerán en la Ciudad de México y realizarán distintas actividades de manera pacífica. Este martes acudirán a la caseta de Tlalpan para entregar volantes; el jueves, día de la inauguración del Mundial, también repartirán folletos y se manifestarán sobre Calzada de Tlalpan; mientras que el viernes acudirán a la Secretaría de Gobernación en espera de que se realice una mesa de trabajo con la titular de Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República y el encargado de la investigación del caso Ayotzinapa.
María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, acusó al gobierno federal y aseguró que sus únicas armas son las lonas con los retratos de sus hijos desaparecidos.
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“Ahora están pensando que nosotros traemos armas. Por eso nos enojamos y les dijimos que nuestras armas son las lonas. Qué vergüenza de un gobierno cobarde que quiere atacar a los padres de familia de los 43 y a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, queriendo difamar, como siempre lo han hecho, cobardemente”, resaltó.
Ustedes ya saben, siempre difamando y sembrando evidencias falsas.María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.
Apoyan causa de la CNTE
Melitón Ortega, familiar de uno de los 43 normalistas desaparecidos, aseguró que el movimiento está apoyando al magisterio por las causas justas que defiende.
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“El movimiento de los padres y de la Normal siempre ha sido pacífico. Luchamos por nuestras demandas; en la lucha por los 43 nunca hemos agredido a nadie ni hemos asesinado a nadie. Lo único que hemos hecho es levantar la voz y exigir saber dónde están y cuáles son las evidencias de la desaparición de los 43. Al contrario, en estos largos años hemos sido atacados por las fuerzas policiacas”.
Condenamos los hechos que sufrieron los maestros de la CNTE de Guerrero el pasado 1 de junio y el movimiento de Ayotzinapa los apoya.Melitón Ortega, familiar de uno de los 43 normalistas desaparecidos.
Esta mañana, la Secretaría de Gobernación informó que se encontró una caja con 59 explosivos en uno de los vehículos que transportaba a estudiantes y maestros de Ayotzinapa, así como a familiares de los 43 desaparecidos, quienes llegaron a la Ciudad de México para apoyar el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Explicó que, a través de una denuncia ciudadana, se alertó sobre la presunta presencia de explosivos, por lo que se decidió, por seguridad de todos, incluidos los manifestantes, realizar una revisión de manera pacífica y acordada con los pasajeros, con la participación de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Gobierno de la Ciudad de México.
