Denuncian presunto uso de patrimonio wixárika en proyectos comerciales sin consentimiento ni beneficios comunitarios.
Aristegui.- El Consejo del Patrimonio Cultural Originario del pueblo Wixárica presentó una queja formal ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) contra César Menchaca y su empresa Menchaca Studio por presunta apropiación indebida del patrimonio cultural.
De acuerdo con el organismo, la acción legal cuenta con el aval de autoridades tradicionales wixaritari de la Sierra Madre Occidental y se sustenta en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
La legislación, advirtió el ente en un comunicado, “reconoce la propiedad colectiva de los elementos culturales de los pueblos originarios y establece restricciones para su uso sin consentimiento previo, libre e informado”.
El Consejo señaló que la denuncia no sólo está dirigida contra Menchaca Studio, sino también contra diversas empresas que habrían participado en proyectos vinculados al uso de expresiones culturales wixaritari bajo esquemas que consideran irregulares.
En el documento, las organizaciones firmantes sostienen que durante más de 15 años diversos elementos del patrimonio cultural, artístico y espiritual del pueblo Wixárika fueron utilizados para proyectos comerciales “sin reconocimiento pleno de la propiedad colectiva de las comunidades ni mecanismos de distribución justa de beneficios”.
Asimismo, cuestionaron la narrativa que, aseguran, ha acompañado el trabajo de Menchaca Studio en torno a la promoción internacional del arte wixárika.
Según el Consejo, las comunidades cuentan con autonomía y capacidad para gestionar directamente la difusión y comercialización de sus expresiones culturales sin la intervención de intermediarios.
Las organizaciones también denunciaron presuntas condiciones de precariedad laboral para artistas wixaritari que participaron en la elaboración de obras exhibidas en distintos espacios nacionales e internacionales.
Entre los señalamientos mencionaron la falta de contratos formales, prestaciones y mecanismos legales para garantizar pagos y derechos laborales.
También, el Consejo criticó la participación de instituciones gubernamentales y administraciones locales que han promovido proyectos relacionados con el arte wixárika a través de intermediarios privados.
Particularmente mencionó al estado de Nayarit y al gobierno municipal de Tepic, al considerar que recursos públicos destinados a la promoción cultural no llegan directamente a las comunidades indígenas.
Las organizaciones indígenas afirmaron que buscarán que se reconozca legalmente la titularidad colectiva del patrimonio cultural wixárika y que los beneficios económicos derivados de su uso sean administrados directamente por las comunidades.
El Consejo del Patrimonio Cultural Originario indicó que continuará informando sobre el desarrollo de los procedimientos legales y las respuestas de las autoridades correspondientes.
Además, sostuvo que esta acción forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la defensa de los derechos culturales de los pueblos originarios de la Sierra Madre Occidental, entre ellos los pueblos Wixárika, Na’ayeri, O’dam y Meshikan.
Frena juez registro cultural de Tepic tras amparo indígena wixárika
Un juez federal ordenó la suspensión provisional de la convocatoria R.A.Í.C.E.S. (Registro de Agentes de Identidad Cultural y Enseñanza de Saberes), impulsada por el Ayuntamiento de Tepic, encabezado por la alcaldesa María Geraldine Ponce Méndez, al considerar que podría vulnerar derechos de comunidades indígenas de la región.
La medida detiene de forma temporal la operación del registro, la entrega de credenciales a artesanos y portadores de saberes, así como la integración de un padrón y un “inventario” municipal del patrimonio cultural, acciones contempladas en el programa.
La resolución fue emitida el 5 de junio de 2026 por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo en Nayarit, dentro del expediente 881/2026-III.
La suspensión implica que el Ayuntamiento de Tepic no podrá continuar con la apertura del registro R.A.Í.C.E.S., ni con la entrega de credenciales prevista del 15 al 30 de julio de 2026.
También queda detenida la integración del padrón de venta artesanal vinculado a la llamada “Ciudad de las Artes Indígenas”, así como la incorporación de expresiones culturales de los pueblos Wixárika, Na’ayeri, O’dam y Meshikan a un “inventario vivo del patrimonio intangible”.
Se trata de una medida provisional, por lo que el fondo del juicio de amparo aún deberá resolverse.
El recurso legal fue promovido con acompañamiento del Consejo del Patrimonio Cultural Originario y la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales, con respaldo de la comunidad de San Andrés Cohamiata, perteneciente al pueblo Wixárika, en contra de diversas autoridades municipales, entre ellas áreas de bienestar social, cultura y atención a pueblos originarios.
Entre los argumentos, el juzgado consideró que en casos de comunidades indígenas basta con acreditar riesgo potencial de afectación a derechos colectivos para otorgar medidas de protección, sin esperar a que el daño ocurra y reconoció su carácter de titulares colectivos de su patrimonio cultural.
El fallo retoma criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refuerzan la obligación de todas las autoridades de garantizar el derecho a la libre determinación y el autogobierno indígena, así como la exigencia de consulta previa, libre e informada antes de cualquier medida que pueda afectar a los pueblos.
El tribunal también señaló que “no se acreditó consulta previa conforme a estándares legales nacionales e internacionales, ni intervención del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas”, lo que fue determinante para conceder la suspensión.
Además, el juzgado concluyó que frenar temporalmente la convocatoria no afecta el interés público, mientras que permitir su ejecución “podría generar daños de difícil reparación al patrimonio cultural de las comunidades”.
El próximo paso será la audiencia incidental de este 12 de junio de 2026, donde se definirá si la suspensión se mantiene durante todo el proceso judicial.
El juicio de fondo continuará para determinar si la convocatoria R.A.Í.C.E.S. es legal o debe ser anulada de forma definitiva, mientras el Ayuntamiento de Tepic queda obligado a detener cualquier acción vinculada al programa.
