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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) revisará los cargos por servicio de Ticketmaster luego de que durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum se reportara la aparición de cobros adicionales en la venta de boletos para espectáculos.
Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), explicó que estos cobros pueden ser legales, pero únicamente cuando las personas consumidoras conocen de antemano cómo está integrado el precio final. En caso de que el cargo aparezca después de concluir el pago, la práctica sería irregular y tendría que investigarse.
Durante la conferencia matutina se expuso que los cargos adicionales de Ticketmaster pueden alcanzar entre 50 y 60 pesos por cada boleto. También se señaló que, en algunos casos, el consumidor conoce el monto extra una vez que ya realizó la compra.
Iván Escalante respondió que cualquier concepto adicional debe mostrarse antes de que el usuario autorice el pago.
“Estos cargos son legales siempre y cuando se informe a las personas consumidoras cómo está integrado el precio”, explicó durante su intervención.
La autoridad precisó que el problema surge cuando una boletera anuncia inicialmente una cantidad y, posteriormente, añade una comisión que el comprador no conocía. Por ejemplo, si una entrada se ofrece en mil pesos, el consumidor debe saber antes de pagar si se sumarán otros 50 pesos por concepto de servicio.
“Si el cargo no se informa antes de realizar el pago, está mal. Sería cuestión de que nosotros lo revisáramos”, señaló.
Por ello, la dependencia manifestó su disposición para analizar los casos reportados y determinar si los usuarios recibieron información completa antes de finalizar sus compras.
Precio de los boletos debe incluir todos los cargos
La Profeco subrayó que el precio final de los boletos debe estar disponible antes de que el consumidor complete la operación. Esto implica que las plataformas no pueden sorprender a los compradores con cantidades que aparezcan después de autorizar el pago.
La información presentada al usuario debe permitirle identificar con claridad:
- El precio base del boleto.
- Los cargos por servicio.
- Las comisiones adicionales aplicables.
- El costo total que será cobrado.
- Las condiciones incluidas en el contrato de compra.
De acuerdo con la explicación ofrecida en Palacio Nacional, todos los conceptos que conforman el costo definitivo de una entrada deben estar desglosados. Además, la suma presentada por la plataforma debe coincidir con la cantidad que finalmente se descuente al comprador.
“Todos los cargos que vayan a integrar el precio final de un boleto tienen que estar avisados al consumidor previo a hacer el pago”, puntualizó la Profeco.
La misma regla se aplica a las operaciones realizadas por internet. Aunque la compra se concrete mediante una página web o una aplicación, debe existir un contrato en el que aparezcan las condiciones, los conceptos incluidos y el monto total que acepta pagar el usuario.
Profeco mantiene monitoreo sobre empresas boleteras
La dependencia aclaró que la vigilancia no se limita a Ticketmaster, pues actualmente realiza monitoreos sobre diferentes empresas dedicadas a la venta de entradas para conciertos, obras de teatro, festivales y otros espectáculos.
La autoridad comparó esta obligación con la contratación de un paquete de viaje. En ese tipo de operaciones, la empresa debe desglosar el costo del vuelo, la selección del asiento, el equipaje, los recorridos y cualquier otro servicio contratado. De la misma forma, una boletera debe identificar cada concepto añadido al valor original de una entrada.
La Profeco indicó que analizará el reporte presentado durante la conferencia para comprobar si los cargos cuestionados fueron comunicados antes de realizar la compra o si aparecieron una vez concluido el pago.
La eventual revisión buscará determinar si Ticketmaster cumple con la obligación de mostrar el costo total desde antes de que el usuario confirme la transacción. La dependencia no adelantó posibles sanciones ni informó sobre la apertura formal de un procedimiento, por lo que el caso se mantiene, hasta el momento, en la etapa de verificación anunciada públicamente.
